La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2023 recoge el alto porcentaje de suspensiones de juicios y vistas que arrastran los juzgados andaluces y que supera el 60% en alguna jurisdicción. Así, según los datos, seis de cada diez juicios de lo Social se suspende y tres de cada diez penales tampoco se celebra.

Según la memoria, "esta incidencia constituye, sin duda, un obstáculo para la buena marcha de los órganos jurisdiccionales y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso. Por otra parte, pone de manifiesto la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en las fases previas al señalamiento, así como llevar a cabo cambios en la organización de las oficinas judiciales".

Así, los Juzgados de lo Social han celebrado 24.832 juicios de los 64.728 señalados. Los Juzgados de Primera Instancia (incluida familia) han celebrado 58.873 juicios de los 85.454 señalados. Los Juzgados de lo Penal han celebrado 28.499 juicios de los 46.551 señalados. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han celebrado 10.438 juicios de los 17.589 señalados. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción han celebrado 34.119 juicios civiles de los 54.301 señalados y 20.041 juicios penales celebrados de los 27.147 señalados.

En esto, se señala la "importante repercusión" en los datos que ha tenido la huelga de los letrados de la administración de Justicia (LAJ) y funcionarios en 2023. "La grave situación de conflictividad laboral, prolongada durante varios meses, ha derivado en un número significativo de actuaciones procesales suspendidas, con el consiguiente deterioro del servicio público de justicia".

Solo durante el periodo de huelga se suspendieron más de 30.000 actuaciones, incluyendo señalamientos de vistas o declaraciones, procedimientos pendientes de reparto, firma o notificaciones, diligencias fuera de sede, entre otros.

Además, señala la memoria algo "llamativo": el anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de nuestros Juzgados, expresiva de que el reparto de funciones en los órganos judiciales es anacrónico y no responde a las necesidades de una administraciónmoderna, lo que exige una correcta reordenación de competencias a través de las necesarias reformas legales, poniendo siempre en el centro la relevancia de la función jurisdiccional.